new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged fravm

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Casas de apuestas y juego online: la nueva heroína de los jóvenes

 

La ludopatía es una grave adicción y su aumento está siendo proporcional por toda España. La mayor cantidad de locales de apuestas y el juego online esconden puntos en común en todas las comunidades: entrar en los barrios más perjudicados por la crisis y con las estrategias de marketing más agresivas.

 

“Lo que se está sufriendo en las casas y de forma online, en las grandes ciudades, es algo bestial, es impresionante. Y no solo en televisión. Estás navegando con el ordenador y las ventanas emergentes de publicidad de apuestas es avasalladora. Se entra sin darte cuenta, empiezas con poco y se cae muy rápido”. Es la advertencia de Julio, que llegó al juego por sustitución de otra adicción anterior. Su opinión no es única, y recoge la preocupación con el que varios barrios de España viven el aumento de las casas de apuestas y del juego online, una verdadera trampa para los más jóvenes.

 

A finales de octubre, Tetuán se echó a la calle para exigir medidas urgentes. Los vecinos de la Comunidad de Madrid no piensan quedarse de brazos cruzados ante una situación que pone en peligro a sus familias aunque, por ahora, la administración parece hacer oídos sordos. La indignación va a allá, como se pretende hacer creer, de un mero juego: se expone a las personas a un peligro del que, luego, es difícil salir.

 

Una cuestión de salud pública

 

La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus consecuencias son alarmantes no solo para la persona que lo padece, sino para su entorno familiar y profesional. Desde tristeza, aislamiento social, absentismo laboral, disminución del rendimiento, hurtos entre familia o compañeros de trabajo, despidos… hasta el propio suicidio. Marta (nombre ficticio) trabajaba en una de estas salas y conoció el caso de un cliente habitual que por su adicción al juego perdió su trabajo, mujer e hijas, “hasta que un día lo encontraron muerto en su casa tras suicidarse. Me impactó mucho. Él era muy cordial, educado e introvertido”.

 

Vicente Arroyo, de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, reconoce que ha aumentado el número de asociados, de afectados que se acercan a su centro. “Son jugadores mucho más jóvenes que antes, sobre todo por el juego online y las apuestas deportivas presenciales. Después de la generación perdida de los años 70 u 80, por culpa de la heroína, estamos haciendo una generación muy adicta al juego, es un peligro bastante grave”. Arroyo alerta de las consecuencias que cada día narran sus afectados: personas endeudadas al máximo, familias pagando las consecuencias “desestructuradas por esas deudas, y problemas psíquicos, físicos y personales grandísimos”.

 

Julio empezó con las tragaperras por sustitución tras el consumo de sustancias. Pensaba que la apuesta, al no ser una sustancia, no le haría tanto daño. “El mensaje que me gustaría que quedara claro es que el juego es una adicción. Se dice de la cocaína, de la heroína, del alcohol, pero no de esto, y se tiene que considerar igual. El peligro es el mismo. Cuando eres adicto no controlas y haces lo que seas por consumir”.

 

La sustitución para los adictos es habitual, reconoce Julio. Otros optan por “el gimnasio, por el trabajo, cada uno de su manera. En el juego es habitual que la gente caiga porque no hay bar sin tragaperras”. Él intenta esquivar como puede la tentación del juego, y evita aquellos locales que lo incentivan. Para él, como para cualquier persona adicta, es complicado porque “el adicto siempre busca la primera sensación, las mismas emociones”.

 

“Cuando trabajaba en las salas he visto gente sin comer y sin cenar ocho horas seguidas de juego y a base de café. Dar golpes a la pared o en el baño, de pura desesperación y de arrepentimiento. O cuando cobraban el sueldo del mes y perderlo todo en 24 horas en apuestas. Yo dejé este trabajo porque me supuso muchas noches de insomnio. Llegas a hacer amistad con gente buena que está enganchada”, refleja Marta.

 

Objetivo: barrios azotados por el desempleo y la precariedad

 

Vayas donde vayas, siempre hay otra base común: la elección de las zonas donde están los locales de apuestas. “No tenemos cifras exactas de las casas de apuestas presenciales porque en sus datos, el Ayuntamiento de Madrid, agrega a la administración de lotería. Pero sí hemos visto el crecimiento de estos locales en nuestros barrios. Los distritos que más se quejan son Tetuán, Latina, Usera y Puente de Vallecas. En los últimos cinco años los locales han crecido un 300% en la región”, alerta Silvia González, responsable del Grupo de Trabajo sobre Casas de Juego y Apuestas de la FRAVM.

 

Arroyo, de Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, apunta que parte de las casas de apuestas están “frente a colegios. Hay calles de 80 metros donde ves cuatro salas. Es dinero fácil para grandes empresas que sirve para empobrecer a los pobres”.

 

Julio, en su lucha diaria, es consciente de ello y le da rabia que “no se está diciendo la verdad. Es un pozo donde se ahogan las frustraciones. Hay mucha frustración, desempleo, paro, empleo precario y este se cree que es un dinero fácil y no se dice la verdad”.

 

El caso de Madrid es el más paradigmático. “Son los barrios más vulnerables, en zonas con mayor paro y exclusión social. Los jóvenes buscan una forma rápida de consumir dinero. En zonas como Ciudad Lineal, Bravo Murillo o Tetuán, la renta no es elevada. En cambio, los tres distritos donde menos han crecido o han disminuido estos locales son el barrio de Salamanca, Chamberí y Centro”, apunta González. Desde esta lucha vecinal, han recibido una carta de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, donde les indica que no tienen competencias sobre el juego presencial, y remiten esta situación de descontrol a la Comunidad de Madrid.

 

Idéntica situación refleja Pablo Fernández, portavoz de Podemos en Castilla y León, quien apunta a las responsabilidades políticas: “Aquí proliferan las casas de juegos y de apuestas porque el gobierno del Partido Popular ha aprobado cinco decretos de forma unilateral, sin pasar por el parlamento autonómico, para facilitar la apertura de casas. Hemos presentado iniciativas para retirar esos decretos que afectan, sobre todo, a zonas deprimidas, causando un problema de salud pública. Hay que poner barreras al juego e invertir hacia sectores más productivos”, demanda.

 

“Tres de las comunidades que han visto una mayor proliferación de casas de apuestas son Madrid, Extremadura y Asturies. Esta es la Comunidad Autónoma en la que más se gasta por persona en apuestas. El auge afecta siempre a los barrios humildes, de clase trabajadora”, comenta también la diputada de Podemos por Asturies, Sofía Castañón. Hace dos semanas presentaron una moción en el pleno del Congreso para pedir un Decreto Ley “que no se quede como borrador en un cajón, que sirva para regular y para que las administraciones autonómicas y locales puedan actuar también ante esta adicción que está arruinando familias y destrozando vidas, cada vez más, las de las personas más jóvenes”.

 

Pasear por el resto de España ofrece idéntico resultado. Aumento de casas de apuestas deportivas en Sevilla, tras cambios normativos favorables; lo mismo en Murcia, con la mayor tasa de locales de este tipo en España; o Extremadura, donde ya se han tenido que exigir limitaciones.

 

Estrategias de marketing para picar en el anzuelo

 

Para atraer público no solo vale el aliciente del juego y del dinero, que por su propia dinámica impulsa una espiral de emociones que no llevan a ninguna parte. Tienen que aplicar una serie de alicientes. Por ejemplo, “el consumo de bebidas alcohólicas en sus locales. Las ofrecen gratuitamente para atraer público, y esto supone otro un problema añadido al del juego en sí”, apunta Arroyo. Marta recuerda que cuando trabajaba en esas salas, en ocasiones, se hacía la vista gorda con la entrada de menores o se saltaba la prohibición de no dar dinero a los ludópatas.

 

Otra estrategia es la de regalar apuestas. “El pagas 10 y te regalamos 20 hará que en el futuro existan ludópatas sin control y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una publicidad engañosa, donde te dicen que puedes ganar y ganar y, al final, pierdes. Conozco gente que ha pedido créditos. Igual que con la droga, la gente se va enganchando. Cuando yo jugaba me daba lo mismo ganar porque buscas el subidón de adrenalina”, confiesa Julio.

 

Pero si algo se lleva la palma son los juegos online y sus estrategias de marketing. Ya en 2017, el Consejo Audiovisual de Cataluña informaba de la necesidad de regular todos los impactos publicitarios que se valen de ganchos como deportistas reconocidos o ídolos juveniles que promocionan estos contenidos o adecuar los horarios de la emisión de estos anuncios. Si algo caracteriza a esta publicidad es la agresividad de sus mensajes y los nombres propios, sobre todo futbolistas. “Las estrategias de marketing están dirigidas a los más jóvenes que eligen como protagonistas a sus ídolos, lo que contribuye a la normalización de la conducta y al deseo de querer ser como ellos”, concluye Irene Montiel, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De hecho, un estudio de Sportium señalaba en 2017 que el 75% de los equipos de la liga estaban patrocinados por una casa de apuestas. El resultado, más aumento de adicciones.

 

Aquí hay dos peculiaridades. Una, que no se ve, es que es la adicción donde más aumentan las mujeres porque “la parte online facilita el anonimato y eso hace que las mujeres se animen más, porque ellas reciben más sanción social por jugar”, explica Gemma Altell, directora técnica de la Fundació SURT. Aquí también interviene el marketing porque el juego siempre ha sido terreno de hombres y se refuerzan estereotipos. “Es un espacio masculinizado donde las mujeres se sienten prestigiadas si logran entrar en él, pero son censuradas si entran en la adicción. También se atribuyen conductas muy erotizadas a la mujer como fuente de los males del hombre, que usa sus armas femeninas para despistar a los hombres en el juego. Todo ese tipo de estrategias que dañan la imagen de la mujer”, denuncia Altell.

 

Y la segunda peculiaridad es que “hay más menores enganchados al juego online de azar que nunca, y si no hacemos nada para evitarlo, irá a más”, advierte Montiel, de la UOC. Entre las razones que llevan a ello está no sólo la elevada oferta. También la creciente accesibilidad a las plataformas de juego, la disponibilidad de dispositivos móviles, la publicidad y la ausencia de control eficaz. “La falta de una regulación estricta sobre la publicidad de estos juegos y de políticas que primen la salud mental de los menores sobre las ganancias de estas empresas, promueven el juego problemático”, subraya la profesora.

 

Si no se reacciona de forma urgente, a día de hoy, se están creando los ludópatas del futuro.

 

www.publico.es/sociedad/ludopatia-casas-apuestas-juego-on...

 

___

 

La batalla en los barrios contra las casas de apuestas

  

El mercado del juego en los deportes viene aumentando desde 2012 a un ritmo anual del 20%.

 

En cada esquina de cada calle de cada barrio. Las casas de apuestas han usurpado cada espacio de nuestra cotidianidad hasta el punto de juntarse unas con otras en una misma acera. Clave para su auge y aceptación social fue la ley del juego que en 2011 aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ha sido 2018 el año en el que las casas de apuestas han acabado por asentarse entre panaderías y pequeños comercios. La publicidad, altamente invasiva a través de televisión, radio, Internet o la marquesina de una parada cualquiera de autobús, es una parte fundamental para entender su éxito.

 

Codere, con 5.310 puntos de apuestas; Sportium, con más de 2.500; y Luckia, superando los 2.400, son los tres operadores que dominan el negocio del juego en España. Pero no son los únicos: 888, Betfair, Bwin, Bet365 o William Hill son también parte de una lista que no para de crecer. Según el Anuario del juego –realizado por el operador líder Codere junto al Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III–, el mercado de las apuestas deportivas está creciendo desde 2012 a un ritmo anual del 20%.

 

Bares, bingos, casinos o salones de juegos, cualquiera de estos espacios tiene permitido establecer zonas para apostar. En 2017 se jugaron de manera presencial 330 millones de euros y 305 millones online. Esta situación ha generado, sobre todo entre personas de clase trabajadora, una alarma social que recuerda a aquellos años 80 en los que la heroína fue responsable directa de destrozar tantos hogares. En Madrid, una de las zonas más afectadas por la proliferación de estos negocios, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha creado el Grupo de Trabajo sobre Casas de Juego y Apuestas. Formado por vecinos, vecinas y profesionales de la psicología y del derecho, recorren los barrios impartiendo charlas para concienciar al mayor número de personas del peligro que entrañan estas actividades, así como para compartir las inquietudes de una sociedad que desconoce cómo afrontar la situación.

 

Bayta Díaz, psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL), es integrante de la FRAVM. Durante los cursos, talleres y jornadas de divulgación intenta informar sobre los riesgos de apostar y dotar de herramientas a las personas asistentes para prevenir indicios de ludopatía. Díaz incide en esta idea: «No queremos prohibir el juego, simplemente concienciar de que es una conducta potencialmente adictiva, ya que el hecho de que esté en todos lados lo normaliza y hace parecer que no pasa nada”.

 

Hasta el momento, este equipo ha mantenido reuniones con cuatro áreas del Ayuntamiento de Madrid –Coordinación Territorial, Seguridad y Emergencia, Urbanismo, y Economía y Hacienda– con el objetivo de hacer realidad una serie de medidas que ayuden a frenar la tendencia actual. Entre las principales propuestas está la creación de una nueva ley sobre el juego, la declaración de zonas de especial protección de población vulnerable, la limitación de la publicidad y el aumento del control de acceso a los locales y portales webs de apuestas.

 

Hasta que se unieron apuestas y deporte, el ejercicio físico era uno de los «factores de protección» que se usaba para rehabilitar a personas con problemas de ludopatía, explica Díaz. Pero “ahora mismo es contraproducente”, añade esta psicóloga. De los 20 equipos que conforman la Liga Santander (Primera División española de fútbol masculino), la Real Sociedad es el único club que no está patrocinado por una casa de apuestas. Así lo decidieron sus socios a finales de 2018 en un referéndum no vinculante. Además de estos patrocinios, hay que sumar a la promoción de estas empresas las horas que dedican múltiples espacios deportivos a fomentar que los espectadores o lectores apuesten.

 

En estos encuentros vecinales cuentan también con juristas como Antonio Segura, abogado de Actívat, quien cree importante “no normalizar” la ludopatía. Segura destaca que las charlas están funcionando porque “la gente se conciencia y se vuelve activista. Es lo mínimo que se puede hacer”.

 

Otras organizaciones como ITACARed ofrecen cursos online divulgativos gratuitos. Rafael García, responsable de comunicación de la sociedad, señala: «Con esto lo que pretendemos es asentar las bases para saber de qué hablamos cuando hablamos de adicción”. García apunta a que muchas personas, sean o no profesionales, “hablan sin conocimiento de causa”. Además, hace hincapié en la juventud, “el colectivo en el que se pueden fraguar más adictivos” de los que “aprovecharse de ellos más tiempo”. Los gobiernos, según este representante de ITACARed, favorecen que la sociedad no perciba las casas de apuestas y salones de juegos como un problema. “No es ocio, es negocio. El ludópata es un enfermo muy rentable para el Estado ya que no tiene costes para el Estado. Al contrario: da dinero”, sentencia.

 

Movilización en las calles

 

En torno a la celebración del Día sin juegos de azar que se celebra el 29 de octubre, varias asociaciones del barrio madrileño de Tetúan –que cuenta con más de 60 locales de juegos y apuestas– salieron a la calle para denunciar la indefensión frente a estos espacios. Días después, Juventud Comunista decidió empapelar con carteles las casas de apuestas en varias comunidades autónomas para poner sobre aviso al vecindario. Xavier García, secretario general de la organización, ve fundamental que en cada localidad los colectivos aborden el tema y organicen un debate público, pues “este tipo de negocios no debería tener cabida” al basarse “en saquear a la ya depauperada juventud trabajadora”. García ve indispensable, más allá de la necesaria movilización ciudadana, que se legisle para evitar que los negocios de apuestas aumenten. Coinciden en ese punto Antonio Rodríguez, portavoz municipal de IU en Montijo (Extremadura), y Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Valladolid. Ambos creen que, al igual que sucede con farmacias, estancos y administraciones de lotería, las casas de apuestas deben someterse a una regulación más estricta.

 

El País Valenciano aprobó el pasado noviembre la prohibición a los nuevos salones de juego de estar a menos de 700 metros entre sí para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, esta medida ha sido recurrida y ha acabado vía contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, que tendrá que decidir qué pueden y qué no pueden limitar los parlamentos autonómicos.

 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que obligará a las casas de apuestas a poner una garita en la entrada de los locales para que no entren menores. En Extremadura, se aprobó en octubre de 2018 por unanimidad limtar el número de casas de apuestas. Poco después, el grupo de Podemos, que había hecho la propuesta, denunció que la normativa que regula el juego en esta región no se está cumpliendo.

 

El mayor logro hasta la fecha todavía sigue sin producirse. En noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez pactó con Unidos Podemos, como parte de los Presupuestos Generales del Estado, aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuestas online. Legislar, movilizar y concienciar. Sobre estos tres ejes trabajan quienes advierten del peligro de que las casas de apuestas formen parte del mobiliario de sus ciudades.

 

EDUARDO ROBAINA

 

apuntesdeclase.lamarea.com/reportajes/la-batalla-en-los-b...

 

___

  

Toda España es una timba

 

Dos multinacionales del juego con vinculaciones con la derecha política infectan los barrios pobres con casas de apuestas

 

El sector mueve 13.000 millones de euros al año y deja un 10% de beneficio a los operadores

 

Un lobby ataca al Defensor del Pueblo por pedir que se prohíba la publicidad del juego

 

El subsector de las apuestas y el juego mueve en el Reino de España más de 13.000 millones de euros, con unos beneficios netos del 10% y una inversión publicitaria superior a 100 millones de euros al año. Son datos todo lo ciertos y creíbles que puedan ser las cifras de la patronal. Pero moverá todavía más dinero con las ventajas fiscales a las sociedades (“operadores” les llaman) que fijen sus domicilios fiscales en Ceuta y Melilla y la expansión desbocada de las casas de juego y apuestas, las timbas modernas, por la geografía urbana, de la mano de determinadas franquicias de multinacionales y fondos de inversión.

 

Si vamos de lo virtual (nada virtuoso) a lo material, enseguida vemos cómo la expansión acelerada de las casas de juego y apuestas se ceba en los distritos con menor renta, los barrios más pobres, más necesitados de esperanza. Contra esa infección a la puerta de casa de poco valen, de momento, las incipientes protestas de asociaciones de vecinos, madres y padres de alumnos y grupos de ludópatas rehabilitados. Ni siquiera salen en la prensa. Los operadores juran que en sus casas de apuestas al pie de colegios, institutos y otros centros educativos no entran los menores de 18 años. La mayoría de sus clientes, añaden, tienen entre 18 y 40 años. Apelan además al “juego responsable” y alardean de la llamada “responsabilidad corporativa”. Lógico.

 

Por si fuera poco, el sector cuenta con todas las bendiciones legales y normas que amparan el juego como una actividad económica. ¿Cómo no lo van a amparar (y fomentar) si tras la ‘ley Montoro’ el Estado (y las Comunidades Autónomas) se ha reforzado como principal beneficiario de los juegos de azar, con un impuesto del 20% sobre el importe de los premios? Esto representa unos ingresos de 2.600 millones de euros anuales para las arcas públicas. A ello se añaden los beneficios como primer empresario y promotor a través de Loterías y Apuestas del Estado, el ente público que, además, acierta siempre y, sin arriesgar un euro, se queda con los ingresos de los sorteos que no generan bote cuando los números premiados no se han vendido. Es parte del juego. Lógico.

 

Cuando, hace poco más de un siglo, los gobiernos implantaron las loterías, el periodista Rafael Barret, refirió la novedad de este modo: “En Argentina, Uruguay y España llueven los millones. El Estado falla, traficando con la corrupción pública. ¿Por qué no monopoliza también el alquiler y venta de mujeres? La prostitución daría grandes entradas al Erario, y afianzaría el Poder Administrativo. El gobierno es tanto más sólido cuanto más débiles y viciosos son los ciudadanos”.

 

Barret era anarquista. Sus críticas aceradas le reportaron disgustos y destierros. Este segundo Larra tan vigente, nacido en Torrelavega (Cantabria), muerto en Francia a los 34 años y reivindicado en Paraguay, matizaba su invectiva: “No seamos injustos con el vicio, que suele llevar consigo gérmenes de poesía. La degradación no está reñida con el ensueño. Baudelaire sabe que el mal tiene sus flores, y no las menos bellas. En el azar que enriquece o despoja hay una elegante anarquía, un desafío satánico a las leyes económicas. Firmar el contrato de la propia ruina es original; adquirir de pronto una fortuna, sin trabajo y sin mérito, y sin la amenaza del gendarme, es maravilloso, lírico y libertador. Agradezcamos a los Ministerios de Hacienda, Casas de Hadas, esa consagración oficial del juego, esa distribución de un poco de ideal barato a la ingenua multitud”.

 

¿Por que si ya la nube virtual del juego online envuelve las testas del personal, florecen como setas (venenosas) las casas de apuestas? Se trata de un plan a largo plazo, un modelo llamado a captar los clientes de los bares, según afirman los entendidos consultados por el cronista. La facilidad del acceso al juego para todos los públicos, incluidos los analfabetos e inmigrantes digitales se relaciona con la psique y el corazón, con el deseo, la esperanza, la corazonada, las ganas de salir de pobre… y es más fuerte que los lemas y mensajes disuasorios. Pero también con la crisis y el desempleo. Las multinacionales del juego, entre las que figuran las españolas Sportium y Codere, tienen ahora la vista puesta en Andalucía para sus planes de expansión.

 

En los distritos de menor renta de Madrid, desde Vallecas a Usera, siguiendo por Aluche, Carabanchel, Cuatro Caminos, Chamartín, el barrio del Pilar, Peña Grande y Ciudad Lineal han abierto un centenar de salas de juegos y apuestas en las calles principales, más comerciales y transitadas. En la avenida de la Albufera, Peña Prieta y las calles adyacentes se cuentan once casas de juego. En Usera, San Cristobal, Villaverde Alto y bajo han abierto doce. El ritmo de apertura de estos establecimientos, amenos casinos acondicionados para perder la noción del tiempo y apostar a los resultados de las más diversas competiciones deportivas o jugar a las caprichosas ruletas y tragaperras con una bebida gratis o bajo precio en la mano, resulta imparable.

  

Del cierre a la franquicia

 

Decenas de propietarios de tiendas y comercios que se fueron a la mierda con la crisis y el ataque de las grandes superficies y las ventas online ven en ahora en las franquicias del juego una oportunidad de reabrir la persiana. Las sociedades Sportium y Codere son las más agresivas. Promueven un modelo de inversión compartida según el cual, el franquiciado pone el local reformado con unas características muy definidas, realiza la instalación de seguridad y paga los permisos de apertura, y la franquicia aporta las tripas: terminales de apuestas, teleprogramación visual (TPV), servidores, pantallas, monitores, cableados, software del sistema de apuestas, más las licencias y los avales. El personal laboral corre a cargo del franquiciado. Y la supervisión, el servicio, el call center le dicen, y la formación, del franquiciante. El beneficio neto se reparte al cincuenta por ciento.

 

El modelo puede variar según las condiciones de las distintas franquicias. Además de las dos entidades citadas, operan otros conglomerados de casinos y tragaperras. De este modo, donde antes había una librería –caso de La Cigueña, en Rivas-Vaciamadrid– ahora hay una timba. No importa si está pegada al centro social y sede de IU y el PCE, si dista treinta pasos del colegio público El Olivar, veinte de una escuela infantil y cincuenta de otro salón de juegos en el centro comercial del barrio de Covibar (Cooperativa de Viviendas Baratas) de esta ciudad gobernada por la izquierda desde su creación en los años ochenta del siglo pasado.

 

En esta localidad han abierto cinco casas de apuestas en cinco meses. A las dos citadas, Codere ha añadido otra en la avenida de Pablo Iglesias, junto a la biblioteca Gloria Fuertes, y otra más en el mayor local del centro comercial Santa Mónica, a cincuenta metros de un colegio, veinte del centro de salud y doscientos de un instituto. A ellas se añade otro salón en la avenida de Levante, en una barriada de viviendas municipales de bajo alquiler. La comunidad escolar está alarmada. Lógico. Temen que los jóvenes caigan en las redes de la ludopatía. Yolanda Gonzalo, profesora de química del instituto Duque de Rivas alerta sobre la carnaza: “Les ofrecen refrescos, infusiones y bollos por un euro, y los chavales pican, entran en el juego a media mañana, pierden clases y, lo que es peor, no ven el peligro de quedar enganchados”.

 

¿Quienes son?

 

Detrás de la multinacional española Codere (opera en España, Italia, Argentina, Uruguay, Panamá y México) figuran antiguos dirigentes de entidades financieras especulativas, fondos de inversión y administradores de capitales. Su presidente no ejecutivo, Norman Sorensen Valdez, es consejero en Insperity INC y Encore Capital Group. Y desempeñó puestos clave en Principal Internacional y Citigrup. Junto a los empresarios del juego José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, este operador, que dispone de una Fundación a efectos fiscales para financiar estudios y actividades de alto interés (para ellos), cuenta con el exministro de José María Aznar (PP) Pio Cabanillas Alonso entre sus seis consejeros. Cabanillas, hijo del que fuera ministro de Franco y diputado de la Alianza Popular de Fraga, estuvo al frente de la tecnológica Indra, privatizada por Aznar, y representa en Codere los intereses de Masampe, una asesoría financiera con los Sampedro. Los demás consejeros (Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, David Reganato, Timothy Lavelle y Matthew Turner) proceden del sector financiero.

 

En el caso de Sportium, nacida en 2007 de la fusión de CIRSA y Ladbrokes Coral Group para operar las apuestas deportivas presenciales en España, y presidida hasta el año pasado por Manuel Lao Hernández, el emperador de las tragaperras y significado derechista de la órbita del PP, no se puede hablar ya de una multinacional española después de que Lao vendiera en unos 2.000 millones de euros su participación en la operadora al fondo Blackstone. Lionel Assant, director para Europa de este fondo seleccionado por Mubdala Investment, sociedad instrumental del emirato de Abu Dabi dueña de Cepsa para entrar en la petrolera española, se mostró “encantado” de la inversión en el juego, es decir, de apoderarse de Sportium, un grupo que ha logrado un crecimiento rentable y sobresaliente durante los últimos 12 años, convirtiendo CIRSA en un operador internacional líder en juego y ocio. “Estamos entusiasmados de apoyar a Joaquim y su estrategia en esta nueva etapa, así como con la expansión de Cirsa tanto a nivel orgánico como a través de adquisiciones y en nuevas zonas geográficas”, dijo ese tipo. Al frente del consorcio mantienen al consejero delegado de Lao, Joaquim Agut.

 

Más allá de las operaciones de los fondos buitre en busca de beneficios grandes y rápidos, la vinculación política de otra operadora española en expansión, como es el grupo Orenes, quedó de relieve cuando el diputado del PP, presidente y portavoz de la Comisión de Infraestructuras y Transporte, Andrés Ayala pasó del escaño al consejo de administración de esta sociedad de apuestas, casinos y máquinas tragaperras con ventajosas concesiones en varios aeropuertos. Hasta 2015, el puesto en el consejo de Orenes lo había ocupado su mujer. Ayala fue nombrado responsable del comité de ética, encargado de combatir la corrupción en el PP, y consejero de Adif al mismo tiempo, tras cesar en sus servicios como diputado.

 

Aullidos de lobby

 

La preocupación del subsector, tanto en lo atinente a las casas de apuestas como a la nube de operadores del juego online, se centra ahora en el decreto que promulgará el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la agresividad publicitaria de esas entidades tan difusas y confusas como voraces y poderosas. Con nombres de entelequia como Bet365, las mencionadas Codere y Sportium, la británica Willian Hill y las también famosas Bwin o Wanabet, entre otras, vinculan su actividad a grandes deportistas, admirados por sus cualidades deportivas, no por apostar a la ruleta de la suerte precisamente.

 

La mayor parte de esos operadores no pagan impuesto de sociedades en España. Tienen sus domicilios sociales en Gibraltar, Luxemburgo y Malta, territorios de baja fiscalidad. Según datos del Ministerio de Hacienda, las empresas del juego reportaron al erario público la ridícula suma (en relación con los beneficios) de 50 millones de euros en 2017. No obstante, para salvar el obstáculo del Brexit, Hacienda ha ofrecido unas bonificaciones fiscales del 50% del impuesto a las que quieran abandonar Gibraltar y fijar su sede en Ceuta y Melilla.

 

Ante las nuevas exigencias, todavía desconocidas en materia publicitaria para prevenir la ludopatía, ya ha aparecido el primer lobby (con piel de cordero) de rechazo a la regulación. Así, frente a la reciente recomendación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, de que se prohíba la publicidad del juego y las apuestas (salvo las tradicionales de la Once y las loterías del Estado) o, en su caso, aumenten las franjas horarias exentas de esos anuncios y “no se pueda utilizar como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública”, ha saltado a la palestra Heliodoro Giner como portavoz de una plataforma de operadores de apuestas online. “Las declaraciones del Defensor del Pueblo –dice– se podrían calificar como mínimo de injustas, posiblemente ilegales y además denotan un desconocimiento importante del sector”.

 

Sostiene el Defensor que “la adicción al juego debe considerarse como un asunto de salud pública que requiere un marco regulatorio con normas jurídicas imperativas, ya que un modelo de autorregulación no sería eficaz en esta actividad económica”. Y le responde el mencionado Giner que no tiene ni idea y que el estudio de 2017 revela que la ludopatía y el juego compulsivo no ha aumentado respecto al informe anterior, de 2015. Eso sin contar que “las empresas velan por la moderación”.

 

El citado portavoz, un tipo competente, como demuestra su antiguo cargo de secretario general de la Asociación Española de Casinos durante 15 años, dice hablar en nombre de las operadoras Betfair, Botemanía, Bet365, Bwin y William Hill. El Defensor del Pueblo, como habla en nombre de lo que su título indica. Lo que hay detrás de esas sociedades se desconoce. La oscuridad es el elemento de sus fuegos de artificio. Lo que hay detrás de las quejas que el Defensor traslada al Gobierno y al Parlamento son personas, asociaciones y grupos de individuos con nombres y apellidos.

 

Por Luis Díez

 

CUARTO PODER

 

www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2019/06/03/toda-espa...

 

Casas de apuestas y juego online: la nueva heroína de los jóvenes

 

La ludopatía es una grave adicción y su aumento está siendo proporcional por toda España. La mayor cantidad de locales de apuestas y el juego online esconden puntos en común en todas las comunidades: entrar en los barrios más perjudicados por la crisis y con las estrategias de marketing más agresivas.

 

“Lo que se está sufriendo en las casas y de forma online, en las grandes ciudades, es algo bestial, es impresionante. Y no solo en televisión. Estás navegando con el ordenador y las ventanas emergentes de publicidad de apuestas es avasalladora. Se entra sin darte cuenta, empiezas con poco y se cae muy rápido”. Es la advertencia de Julio, que llegó al juego por sustitución de otra adicción anterior. Su opinión no es única, y recoge la preocupación con el que varios barrios de España viven el aumento de las casas de apuestas y del juego online, una verdadera trampa para los más jóvenes.

 

A finales de octubre, Tetuán se echó a la calle para exigir medidas urgentes. Los vecinos de la Comunidad de Madrid no piensan quedarse de brazos cruzados ante una situación que pone en peligro a sus familias aunque, por ahora, la administración parece hacer oídos sordos. La indignación va a allá, como se pretende hacer creer, de un mero juego: se expone a las personas a un peligro del que, luego, es difícil salir.

 

Una cuestión de salud pública

 

La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus consecuencias son alarmantes no solo para la persona que lo padece, sino para su entorno familiar y profesional. Desde tristeza, aislamiento social, absentismo laboral, disminución del rendimiento, hurtos entre familia o compañeros de trabajo, despidos… hasta el propio suicidio. Marta (nombre ficticio) trabajaba en una de estas salas y conoció el caso de un cliente habitual que por su adicción al juego perdió su trabajo, mujer e hijas, “hasta que un día lo encontraron muerto en su casa tras suicidarse. Me impactó mucho. Él era muy cordial, educado e introvertido”.

 

Vicente Arroyo, de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, reconoce que ha aumentado el número de asociados, de afectados que se acercan a su centro. “Son jugadores mucho más jóvenes que antes, sobre todo por el juego online y las apuestas deportivas presenciales. Después de la generación perdida de los años 70 u 80, por culpa de la heroína, estamos haciendo una generación muy adicta al juego, es un peligro bastante grave”. Arroyo alerta de las consecuencias que cada día narran sus afectados: personas endeudadas al máximo, familias pagando las consecuencias “desestructuradas por esas deudas, y problemas psíquicos, físicos y personales grandísimos”.

 

Julio empezó con las tragaperras por sustitución tras el consumo de sustancias. Pensaba que la apuesta, al no ser una sustancia, no le haría tanto daño. “El mensaje que me gustaría que quedara claro es que el juego es una adicción. Se dice de la cocaína, de la heroína, del alcohol, pero no de esto, y se tiene que considerar igual. El peligro es el mismo. Cuando eres adicto no controlas y haces lo que seas por consumir”.

 

La sustitución para los adictos es habitual, reconoce Julio. Otros optan por “el gimnasio, por el trabajo, cada uno de su manera. En el juego es habitual que la gente caiga porque no hay bar sin tragaperras”. Él intenta esquivar como puede la tentación del juego, y evita aquellos locales que lo incentivan. Para él, como para cualquier persona adicta, es complicado porque “el adicto siempre busca la primera sensación, las mismas emociones”.

 

“Cuando trabajaba en las salas he visto gente sin comer y sin cenar ocho horas seguidas de juego y a base de café. Dar golpes a la pared o en el baño, de pura desesperación y de arrepentimiento. O cuando cobraban el sueldo del mes y perderlo todo en 24 horas en apuestas. Yo dejé este trabajo porque me supuso muchas noches de insomnio. Llegas a hacer amistad con gente buena que está enganchada”, refleja Marta.

 

Objetivo: barrios azotados por el desempleo y la precariedad

 

Vayas donde vayas, siempre hay otra base común: la elección de las zonas donde están los locales de apuestas. “No tenemos cifras exactas de las casas de apuestas presenciales porque en sus datos, el Ayuntamiento de Madrid, agrega a la administración de lotería. Pero sí hemos visto el crecimiento de estos locales en nuestros barrios. Los distritos que más se quejan son Tetuán, Latina, Usera y Puente de Vallecas. En los últimos cinco años los locales han crecido un 300% en la región”, alerta Silvia González, responsable del Grupo de Trabajo sobre Casas de Juego y Apuestas de la FRAVM.

 

Arroyo, de Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, apunta que parte de las casas de apuestas están “frente a colegios. Hay calles de 80 metros donde ves cuatro salas. Es dinero fácil para grandes empresas que sirve para empobrecer a los pobres”.

 

Julio, en su lucha diaria, es consciente de ello y le da rabia que “no se está diciendo la verdad. Es un pozo donde se ahogan las frustraciones. Hay mucha frustración, desempleo, paro, empleo precario y este se cree que es un dinero fácil y no se dice la verdad”.

 

El caso de Madrid es el más paradigmático. “Son los barrios más vulnerables, en zonas con mayor paro y exclusión social. Los jóvenes buscan una forma rápida de consumir dinero. En zonas como Ciudad Lineal, Bravo Murillo o Tetuán, la renta no es elevada. En cambio, los tres distritos donde menos han crecido o han disminuido estos locales son el barrio de Salamanca, Chamberí y Centro”, apunta González. Desde esta lucha vecinal, han recibido una carta de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, donde les indica que no tienen competencias sobre el juego presencial, y remiten esta situación de descontrol a la Comunidad de Madrid.

 

Idéntica situación refleja Pablo Fernández, portavoz de Podemos en Castilla y León, quien apunta a las responsabilidades políticas: “Aquí proliferan las casas de juegos y de apuestas porque el gobierno del Partido Popular ha aprobado cinco decretos de forma unilateral, sin pasar por el parlamento autonómico, para facilitar la apertura de casas. Hemos presentado iniciativas para retirar esos decretos que afectan, sobre todo, a zonas deprimidas, causando un problema de salud pública. Hay que poner barreras al juego e invertir hacia sectores más productivos”, demanda.

 

“Tres de las comunidades que han visto una mayor proliferación de casas de apuestas son Madrid, Extremadura y Asturies. Esta es la Comunidad Autónoma en la que más se gasta por persona en apuestas. El auge afecta siempre a los barrios humildes, de clase trabajadora”, comenta también la diputada de Podemos por Asturies, Sofía Castañón. Hace dos semanas presentaron una moción en el pleno del Congreso para pedir un Decreto Ley “que no se quede como borrador en un cajón, que sirva para regular y para que las administraciones autonómicas y locales puedan actuar también ante esta adicción que está arruinando familias y destrozando vidas, cada vez más, las de las personas más jóvenes”.

 

Pasear por el resto de España ofrece idéntico resultado. Aumento de casas de apuestas deportivas en Sevilla, tras cambios normativos favorables; lo mismo en Murcia, con la mayor tasa de locales de este tipo en España; o Extremadura, donde ya se han tenido que exigir limitaciones.

 

Estrategias de marketing para picar en el anzuelo

 

Para atraer público no solo vale el aliciente del juego y del dinero, que por su propia dinámica impulsa una espiral de emociones que no llevan a ninguna parte. Tienen que aplicar una serie de alicientes. Por ejemplo, “el consumo de bebidas alcohólicas en sus locales. Las ofrecen gratuitamente para atraer público, y esto supone otro un problema añadido al del juego en sí”, apunta Arroyo. Marta recuerda que cuando trabajaba en esas salas, en ocasiones, se hacía la vista gorda con la entrada de menores o se saltaba la prohibición de no dar dinero a los ludópatas.

 

Otra estrategia es la de regalar apuestas. “El pagas 10 y te regalamos 20 hará que en el futuro existan ludópatas sin control y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una publicidad engañosa, donde te dicen que puedes ganar y ganar y, al final, pierdes. Conozco gente que ha pedido créditos. Igual que con la droga, la gente se va enganchando. Cuando yo jugaba me daba lo mismo ganar porque buscas el subidón de adrenalina”, confiesa Julio.

 

Pero si algo se lleva la palma son los juegos online y sus estrategias de marketing. Ya en 2017, el Consejo Audiovisual de Cataluña informaba de la necesidad de regular todos los impactos publicitarios que se valen de ganchos como deportistas reconocidos o ídolos juveniles que promocionan estos contenidos o adecuar los horarios de la emisión de estos anuncios. Si algo caracteriza a esta publicidad es la agresividad de sus mensajes y los nombres propios, sobre todo futbolistas. “Las estrategias de marketing están dirigidas a los más jóvenes que eligen como protagonistas a sus ídolos, lo que contribuye a la normalización de la conducta y al deseo de querer ser como ellos”, concluye Irene Montiel, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De hecho, un estudio de Sportium señalaba en 2017 que el 75% de los equipos de la liga estaban patrocinados por una casa de apuestas. El resultado, más aumento de adicciones.

 

Aquí hay dos peculiaridades. Una, que no se ve, es que es la adicción donde más aumentan las mujeres porque “la parte online facilita el anonimato y eso hace que las mujeres se animen más, porque ellas reciben más sanción social por jugar”, explica Gemma Altell, directora técnica de la Fundació SURT. Aquí también interviene el marketing porque el juego siempre ha sido terreno de hombres y se refuerzan estereotipos. “Es un espacio masculinizado donde las mujeres se sienten prestigiadas si logran entrar en él, pero son censuradas si entran en la adicción. También se atribuyen conductas muy erotizadas a la mujer como fuente de los males del hombre, que usa sus armas femeninas para despistar a los hombres en el juego. Todo ese tipo de estrategias que dañan la imagen de la mujer”, denuncia Altell.

 

Y la segunda peculiaridad es que “hay más menores enganchados al juego online de azar que nunca, y si no hacemos nada para evitarlo, irá a más”, advierte Montiel, de la UOC. Entre las razones que llevan a ello está no sólo la elevada oferta. También la creciente accesibilidad a las plataformas de juego, la disponibilidad de dispositivos móviles, la publicidad y la ausencia de control eficaz. “La falta de una regulación estricta sobre la publicidad de estos juegos y de políticas que primen la salud mental de los menores sobre las ganancias de estas empresas, promueven el juego problemático”, subraya la profesora.

 

Si no se reacciona de forma urgente, a día de hoy, se están creando los ludópatas del futuro.

 

www.publico.es/sociedad/ludopatia-casas-apuestas-juego-on...

 

___

 

La batalla en los barrios contra las casas de apuestas

  

El mercado del juego en los deportes viene aumentando desde 2012 a un ritmo anual del 20%.

 

En cada esquina de cada calle de cada barrio. Las casas de apuestas han usurpado cada espacio de nuestra cotidianidad hasta el punto de juntarse unas con otras en una misma acera. Clave para su auge y aceptación social fue la ley del juego que en 2011 aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ha sido 2018 el año en el que las casas de apuestas han acabado por asentarse entre panaderías y pequeños comercios. La publicidad, altamente invasiva a través de televisión, radio, Internet o la marquesina de una parada cualquiera de autobús, es una parte fundamental para entender su éxito.

 

Codere, con 5.310 puntos de apuestas; Sportium, con más de 2.500; y Luckia, superando los 2.400, son los tres operadores que dominan el negocio del juego en España. Pero no son los únicos: 888, Betfair, Bwin, Bet365 o William Hill son también parte de una lista que no para de crecer. Según el Anuario del juego –realizado por el operador líder Codere junto al Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III–, el mercado de las apuestas deportivas está creciendo desde 2012 a un ritmo anual del 20%.

 

Bares, bingos, casinos o salones de juegos, cualquiera de estos espacios tiene permitido establecer zonas para apostar. En 2017 se jugaron de manera presencial 330 millones de euros y 305 millones online. Esta situación ha generado, sobre todo entre personas de clase trabajadora, una alarma social que recuerda a aquellos años 80 en los que la heroína fue responsable directa de destrozar tantos hogares. En Madrid, una de las zonas más afectadas por la proliferación de estos negocios, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha creado el Grupo de Trabajo sobre Casas de Juego y Apuestas. Formado por vecinos, vecinas y profesionales de la psicología y del derecho, recorren los barrios impartiendo charlas para concienciar al mayor número de personas del peligro que entrañan estas actividades, así como para compartir las inquietudes de una sociedad que desconoce cómo afrontar la situación.

 

Bayta Díaz, psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL), es integrante de la FRAVM. Durante los cursos, talleres y jornadas de divulgación intenta informar sobre los riesgos de apostar y dotar de herramientas a las personas asistentes para prevenir indicios de ludopatía. Díaz incide en esta idea: «No queremos prohibir el juego, simplemente concienciar de que es una conducta potencialmente adictiva, ya que el hecho de que esté en todos lados lo normaliza y hace parecer que no pasa nada”.

 

Hasta el momento, este equipo ha mantenido reuniones con cuatro áreas del Ayuntamiento de Madrid –Coordinación Territorial, Seguridad y Emergencia, Urbanismo, y Economía y Hacienda– con el objetivo de hacer realidad una serie de medidas que ayuden a frenar la tendencia actual. Entre las principales propuestas está la creación de una nueva ley sobre el juego, la declaración de zonas de especial protección de población vulnerable, la limitación de la publicidad y el aumento del control de acceso a los locales y portales webs de apuestas.

 

Hasta que se unieron apuestas y deporte, el ejercicio físico era uno de los «factores de protección» que se usaba para rehabilitar a personas con problemas de ludopatía, explica Díaz. Pero “ahora mismo es contraproducente”, añade esta psicóloga. De los 20 equipos que conforman la Liga Santander (Primera División española de fútbol masculino), la Real Sociedad es el único club que no está patrocinado por una casa de apuestas. Así lo decidieron sus socios a finales de 2018 en un referéndum no vinculante. Además de estos patrocinios, hay que sumar a la promoción de estas empresas las horas que dedican múltiples espacios deportivos a fomentar que los espectadores o lectores apuesten.

 

En estos encuentros vecinales cuentan también con juristas como Antonio Segura, abogado de Actívat, quien cree importante “no normalizar” la ludopatía. Segura destaca que las charlas están funcionando porque “la gente se conciencia y se vuelve activista. Es lo mínimo que se puede hacer”.

 

Otras organizaciones como ITACARed ofrecen cursos online divulgativos gratuitos. Rafael García, responsable de comunicación de la sociedad, señala: «Con esto lo que pretendemos es asentar las bases para saber de qué hablamos cuando hablamos de adicción”. García apunta a que muchas personas, sean o no profesionales, “hablan sin conocimiento de causa”. Además, hace hincapié en la juventud, “el colectivo en el que se pueden fraguar más adictivos” de los que “aprovecharse de ellos más tiempo”. Los gobiernos, según este representante de ITACARed, favorecen que la sociedad no perciba las casas de apuestas y salones de juegos como un problema. “No es ocio, es negocio. El ludópata es un enfermo muy rentable para el Estado ya que no tiene costes para el Estado. Al contrario: da dinero”, sentencia.

 

Movilización en las calles

 

En torno a la celebración del Día sin juegos de azar que se celebra el 29 de octubre, varias asociaciones del barrio madrileño de Tetúan –que cuenta con más de 60 locales de juegos y apuestas– salieron a la calle para denunciar la indefensión frente a estos espacios. Días después, Juventud Comunista decidió empapelar con carteles las casas de apuestas en varias comunidades autónomas para poner sobre aviso al vecindario. Xavier García, secretario general de la organización, ve fundamental que en cada localidad los colectivos aborden el tema y organicen un debate público, pues “este tipo de negocios no debería tener cabida” al basarse “en saquear a la ya depauperada juventud trabajadora”. García ve indispensable, más allá de la necesaria movilización ciudadana, que se legisle para evitar que los negocios de apuestas aumenten. Coinciden en ese punto Antonio Rodríguez, portavoz municipal de IU en Montijo (Extremadura), y Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Valladolid. Ambos creen que, al igual que sucede con farmacias, estancos y administraciones de lotería, las casas de apuestas deben someterse a una regulación más estricta.

 

El País Valenciano aprobó el pasado noviembre la prohibición a los nuevos salones de juego de estar a menos de 700 metros entre sí para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, esta medida ha sido recurrida y ha acabado vía contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, que tendrá que decidir qué pueden y qué no pueden limitar los parlamentos autonómicos.

 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que obligará a las casas de apuestas a poner una garita en la entrada de los locales para que no entren menores. En Extremadura, se aprobó en octubre de 2018 por unanimidad limtar el número de casas de apuestas. Poco después, el grupo de Podemos, que había hecho la propuesta, denunció que la normativa que regula el juego en esta región no se está cumpliendo.

 

El mayor logro hasta la fecha todavía sigue sin producirse. En noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez pactó con Unidos Podemos, como parte de los Presupuestos Generales del Estado, aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuestas online. Legislar, movilizar y concienciar. Sobre estos tres ejes trabajan quienes advierten del peligro de que las casas de apuestas formen parte del mobiliario de sus ciudades.

 

EDUARDO ROBAINA

 

apuntesdeclase.lamarea.com/reportajes/la-batalla-en-los-b...

 

___

  

Toda España es una timba

 

Dos multinacionales del juego con vinculaciones con la derecha política infectan los barrios pobres con casas de apuestas

 

El sector mueve 13.000 millones de euros al año y deja un 10% de beneficio a los operadores

 

Un lobby ataca al Defensor del Pueblo por pedir que se prohíba la publicidad del juego

 

El subsector de las apuestas y el juego mueve en el Reino de España más de 13.000 millones de euros, con unos beneficios netos del 10% y una inversión publicitaria superior a 100 millones de euros al año. Son datos todo lo ciertos y creíbles que puedan ser las cifras de la patronal. Pero moverá todavía más dinero con las ventajas fiscales a las sociedades (“operadores” les llaman) que fijen sus domicilios fiscales en Ceuta y Melilla y la expansión desbocada de las casas de juego y apuestas, las timbas modernas, por la geografía urbana, de la mano de determinadas franquicias de multinacionales y fondos de inversión.

 

Si vamos de lo virtual (nada virtuoso) a lo material, enseguida vemos cómo la expansión acelerada de las casas de juego y apuestas se ceba en los distritos con menor renta, los barrios más pobres, más necesitados de esperanza. Contra esa infección a la puerta de casa de poco valen, de momento, las incipientes protestas de asociaciones de vecinos, madres y padres de alumnos y grupos de ludópatas rehabilitados. Ni siquiera salen en la prensa. Los operadores juran que en sus casas de apuestas al pie de colegios, institutos y otros centros educativos no entran los menores de 18 años. La mayoría de sus clientes, añaden, tienen entre 18 y 40 años. Apelan además al “juego responsable” y alardean de la llamada “responsabilidad corporativa”. Lógico.

 

Por si fuera poco, el sector cuenta con todas las bendiciones legales y normas que amparan el juego como una actividad económica. ¿Cómo no lo van a amparar (y fomentar) si tras la ‘ley Montoro’ el Estado (y las Comunidades Autónomas) se ha reforzado como principal beneficiario de los juegos de azar, con un impuesto del 20% sobre el importe de los premios? Esto representa unos ingresos de 2.600 millones de euros anuales para las arcas públicas. A ello se añaden los beneficios como primer empresario y promotor a través de Loterías y Apuestas del Estado, el ente público que, además, acierta siempre y, sin arriesgar un euro, se queda con los ingresos de los sorteos que no generan bote cuando los números premiados no se han vendido. Es parte del juego. Lógico.

 

Cuando, hace poco más de un siglo, los gobiernos implantaron las loterías, el periodista Rafael Barret, refirió la novedad de este modo: “En Argentina, Uruguay y España llueven los millones. El Estado falla, traficando con la corrupción pública. ¿Por qué no monopoliza también el alquiler y venta de mujeres? La prostitución daría grandes entradas al Erario, y afianzaría el Poder Administrativo. El gobierno es tanto más sólido cuanto más débiles y viciosos son los ciudadanos”.

 

Barret era anarquista. Sus críticas aceradas le reportaron disgustos y destierros. Este segundo Larra tan vigente, nacido en Torrelavega (Cantabria), muerto en Francia a los 34 años y reivindicado en Paraguay, matizaba su invectiva: “No seamos injustos con el vicio, que suele llevar consigo gérmenes de poesía. La degradación no está reñida con el ensueño. Baudelaire sabe que el mal tiene sus flores, y no las menos bellas. En el azar que enriquece o despoja hay una elegante anarquía, un desafío satánico a las leyes económicas. Firmar el contrato de la propia ruina es original; adquirir de pronto una fortuna, sin trabajo y sin mérito, y sin la amenaza del gendarme, es maravilloso, lírico y libertador. Agradezcamos a los Ministerios de Hacienda, Casas de Hadas, esa consagración oficial del juego, esa distribución de un poco de ideal barato a la ingenua multitud”.

 

¿Por que si ya la nube virtual del juego online envuelve las testas del personal, florecen como setas (venenosas) las casas de apuestas? Se trata de un plan a largo plazo, un modelo llamado a captar los clientes de los bares, según afirman los entendidos consultados por el cronista. La facilidad del acceso al juego para todos los públicos, incluidos los analfabetos e inmigrantes digitales se relaciona con la psique y el corazón, con el deseo, la esperanza, la corazonada, las ganas de salir de pobre… y es más fuerte que los lemas y mensajes disuasorios. Pero también con la crisis y el desempleo. Las multinacionales del juego, entre las que figuran las españolas Sportium y Codere, tienen ahora la vista puesta en Andalucía para sus planes de expansión.

 

En los distritos de menor renta de Madrid, desde Vallecas a Usera, siguiendo por Aluche, Carabanchel, Cuatro Caminos, Chamartín, el barrio del Pilar, Peña Grande y Ciudad Lineal han abierto un centenar de salas de juegos y apuestas en las calles principales, más comerciales y transitadas. En la avenida de la Albufera, Peña Prieta y las calles adyacentes se cuentan once casas de juego. En Usera, San Cristobal, Villaverde Alto y bajo han abierto doce. El ritmo de apertura de estos establecimientos, amenos casinos acondicionados para perder la noción del tiempo y apostar a los resultados de las más diversas competiciones deportivas o jugar a las caprichosas ruletas y tragaperras con una bebida gratis o bajo precio en la mano, resulta imparable.

  

Del cierre a la franquicia

 

Decenas de propietarios de tiendas y comercios que se fueron a la mierda con la crisis y el ataque de las grandes superficies y las ventas online ven en ahora en las franquicias del juego una oportunidad de reabrir la persiana. Las sociedades Sportium y Codere son las más agresivas. Promueven un modelo de inversión compartida según el cual, el franquiciado pone el local reformado con unas características muy definidas, realiza la instalación de seguridad y paga los permisos de apertura, y la franquicia aporta las tripas: terminales de apuestas, teleprogramación visual (TPV), servidores, pantallas, monitores, cableados, software del sistema de apuestas, más las licencias y los avales. El personal laboral corre a cargo del franquiciado. Y la supervisión, el servicio, el call center le dicen, y la formación, del franquiciante. El beneficio neto se reparte al cincuenta por ciento.

 

El modelo puede variar según las condiciones de las distintas franquicias. Además de las dos entidades citadas, operan otros conglomerados de casinos y tragaperras. De este modo, donde antes había una librería –caso de La Cigueña, en Rivas-Vaciamadrid– ahora hay una timba. No importa si está pegada al centro social y sede de IU y el PCE, si dista treinta pasos del colegio público El Olivar, veinte de una escuela infantil y cincuenta de otro salón de juegos en el centro comercial del barrio de Covibar (Cooperativa de Viviendas Baratas) de esta ciudad gobernada por la izquierda desde su creación en los años ochenta del siglo pasado.

 

En esta localidad han abierto cinco casas de apuestas en cinco meses. A las dos citadas, Codere ha añadido otra en la avenida de Pablo Iglesias, junto a la biblioteca Gloria Fuertes, y otra más en el mayor local del centro comercial Santa Mónica, a cincuenta metros de un colegio, veinte del centro de salud y doscientos de un instituto. A ellas se añade otro salón en la avenida de Levante, en una barriada de viviendas municipales de bajo alquiler. La comunidad escolar está alarmada. Lógico. Temen que los jóvenes caigan en las redes de la ludopatía. Yolanda Gonzalo, profesora de química del instituto Duque de Rivas alerta sobre la carnaza: “Les ofrecen refrescos, infusiones y bollos por un euro, y los chavales pican, entran en el juego a media mañana, pierden clases y, lo que es peor, no ven el peligro de quedar enganchados”.

 

¿Quienes son?

 

Detrás de la multinacional española Codere (opera en España, Italia, Argentina, Uruguay, Panamá y México) figuran antiguos dirigentes de entidades financieras especulativas, fondos de inversión y administradores de capitales. Su presidente no ejecutivo, Norman Sorensen Valdez, es consejero en Insperity INC y Encore Capital Group. Y desempeñó puestos clave en Principal Internacional y Citigrup. Junto a los empresarios del juego José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, este operador, que dispone de una Fundación a efectos fiscales para financiar estudios y actividades de alto interés (para ellos), cuenta con el exministro de José María Aznar (PP) Pio Cabanillas Alonso entre sus seis consejeros. Cabanillas, hijo del que fuera ministro de Franco y diputado de la Alianza Popular de Fraga, estuvo al frente de la tecnológica Indra, privatizada por Aznar, y representa en Codere los intereses de Masampe, una asesoría financiera con los Sampedro. Los demás consejeros (Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, David Reganato, Timothy Lavelle y Matthew Turner) proceden del sector financiero.

 

En el caso de Sportium, nacida en 2007 de la fusión de CIRSA y Ladbrokes Coral Group para operar las apuestas deportivas presenciales en España, y presidida hasta el año pasado por Manuel Lao Hernández, el emperador de las tragaperras y significado derechista de la órbita del PP, no se puede hablar ya de una multinacional española después de que Lao vendiera en unos 2.000 millones de euros su participación en la operadora al fondo Blackstone. Lionel Assant, director para Europa de este fondo seleccionado por Mubdala Investment, sociedad instrumental del emirato de Abu Dabi dueña de Cepsa para entrar en la petrolera española, se mostró “encantado” de la inversión en el juego, es decir, de apoderarse de Sportium, un grupo que ha logrado un crecimiento rentable y sobresaliente durante los últimos 12 años, convirtiendo CIRSA en un operador internacional líder en juego y ocio. “Estamos entusiasmados de apoyar a Joaquim y su estrategia en esta nueva etapa, así como con la expansión de Cirsa tanto a nivel orgánico como a través de adquisiciones y en nuevas zonas geográficas”, dijo ese tipo. Al frente del consorcio mantienen al consejero delegado de Lao, Joaquim Agut.

 

Más allá de las operaciones de los fondos buitre en busca de beneficios grandes y rápidos, la vinculación política de otra operadora española en expansión, como es el grupo Orenes, quedó de relieve cuando el diputado del PP, presidente y portavoz de la Comisión de Infraestructuras y Transporte, Andrés Ayala pasó del escaño al consejo de administración de esta sociedad de apuestas, casinos y máquinas tragaperras con ventajosas concesiones en varios aeropuertos. Hasta 2015, el puesto en el consejo de Orenes lo había ocupado su mujer. Ayala fue nombrado responsable del comité de ética, encargado de combatir la corrupción en el PP, y consejero de Adif al mismo tiempo, tras cesar en sus servicios como diputado.

 

Aullidos de lobby

 

La preocupación del subsector, tanto en lo atinente a las casas de apuestas como a la nube de operadores del juego online, se centra ahora en el decreto que promulgará el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la agresividad publicitaria de esas entidades tan difusas y confusas como voraces y poderosas. Con nombres de entelequia como Bet365, las mencionadas Codere y Sportium, la británica Willian Hill y las también famosas Bwin o Wanabet, entre otras, vinculan su actividad a grandes deportistas, admirados por sus cualidades deportivas, no por apostar a la ruleta de la suerte precisamente.

 

La mayor parte de esos operadores no pagan impuesto de sociedades en España. Tienen sus domicilios sociales en Gibraltar, Luxemburgo y Malta, territorios de baja fiscalidad. Según datos del Ministerio de Hacienda, las empresas del juego reportaron al erario público la ridícula suma (en relación con los beneficios) de 50 millones de euros en 2017. No obstante, para salvar el obstáculo del Brexit, Hacienda ha ofrecido unas bonificaciones fiscales del 50% del impuesto a las que quieran abandonar Gibraltar y fijar su sede en Ceuta y Melilla.

 

Ante las nuevas exigencias, todavía desconocidas en materia publicitaria para prevenir la ludopatía, ya ha aparecido el primer lobby (con piel de cordero) de rechazo a la regulación. Así, frente a la reciente recomendación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, de que se prohíba la publicidad del juego y las apuestas (salvo las tradicionales de la Once y las loterías del Estado) o, en su caso, aumenten las franjas horarias exentas de esos anuncios y “no se pueda utilizar como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública”, ha saltado a la palestra Heliodoro Giner como portavoz de una plataforma de operadores de apuestas online. “Las declaraciones del Defensor del Pueblo –dice– se podrían calificar como mínimo de injustas, posiblemente ilegales y además denotan un desconocimiento importante del sector”.

 

Sostiene el Defensor que “la adicción al juego debe considerarse como un asunto de salud pública que requiere un marco regulatorio con normas jurídicas imperativas, ya que un modelo de autorregulación no sería eficaz en esta actividad económica”. Y le responde el mencionado Giner que no tiene ni idea y que el estudio de 2017 revela que la ludopatía y el juego compulsivo no ha aumentado respecto al informe anterior, de 2015. Eso sin contar que “las empresas velan por la moderación”.

 

El citado portavoz, un tipo competente, como demuestra su antiguo cargo de secretario general de la Asociación Española de Casinos durante 15 años, dice hablar en nombre de las operadoras Betfair, Botemanía, Bet365, Bwin y William Hill. El Defensor del Pueblo, como habla en nombre de lo que su título indica. Lo que hay detrás de esas sociedades se desconoce. La oscuridad es el elemento de sus fuegos de artificio. Lo que hay detrás de las quejas que el Defensor traslada al Gobierno y al Parlamento son personas, asociaciones y grupos de individuos con nombres y apellidos.

 

Por Luis Díez

 

CUARTO PODER

 

www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2019/06/03/toda-espa...

 

Casas de apuestas y juego online: la nueva heroína de los jóvenes

 

La ludopatía es una grave adicción y su aumento está siendo proporcional por toda España. La mayor cantidad de locales de apuestas y el juego online esconden puntos en común en todas las comunidades: entrar en los barrios más perjudicados por la crisis y con las estrategias de marketing más agresivas.

 

“Lo que se está sufriendo en las casas y de forma online, en las grandes ciudades, es algo bestial, es impresionante. Y no solo en televisión. Estás navegando con el ordenador y las ventanas emergentes de publicidad de apuestas es avasalladora. Se entra sin darte cuenta, empiezas con poco y se cae muy rápido”. Es la advertencia de Julio, que llegó al juego por sustitución de otra adicción anterior. Su opinión no es única, y recoge la preocupación con el que varios barrios de España viven el aumento de las casas de apuestas y del juego online, una verdadera trampa para los más jóvenes.

 

A finales de octubre, Tetuán se echó a la calle para exigir medidas urgentes. Los vecinos de la Comunidad de Madrid no piensan quedarse de brazos cruzados ante una situación que pone en peligro a sus familias aunque, por ahora, la administración parece hacer oídos sordos. La indignación va a allá, como se pretende hacer creer, de un mero juego: se expone a las personas a un peligro del que, luego, es difícil salir.

 

Una cuestión de salud pública

 

La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus consecuencias son alarmantes no solo para la persona que lo padece, sino para su entorno familiar y profesional. Desde tristeza, aislamiento social, absentismo laboral, disminución del rendimiento, hurtos entre familia o compañeros de trabajo, despidos… hasta el propio suicidio. Marta (nombre ficticio) trabajaba en una de estas salas y conoció el caso de un cliente habitual que por su adicción al juego perdió su trabajo, mujer e hijas, “hasta que un día lo encontraron muerto en su casa tras suicidarse. Me impactó mucho. Él era muy cordial, educado e introvertido”.

 

Vicente Arroyo, de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, reconoce que ha aumentado el número de asociados, de afectados que se acercan a su centro. “Son jugadores mucho más jóvenes que antes, sobre todo por el juego online y las apuestas deportivas presenciales. Después de la generación perdida de los años 70 u 80, por culpa de la heroína, estamos haciendo una generación muy adicta al juego, es un peligro bastante grave”. Arroyo alerta de las consecuencias que cada día narran sus afectados: personas endeudadas al máximo, familias pagando las consecuencias “desestructuradas por esas deudas, y problemas psíquicos, físicos y personales grandísimos”.

 

Julio empezó con las tragaperras por sustitución tras el consumo de sustancias. Pensaba que la apuesta, al no ser una sustancia, no le haría tanto daño. “El mensaje que me gustaría que quedara claro es que el juego es una adicción. Se dice de la cocaína, de la heroína, del alcohol, pero no de esto, y se tiene que considerar igual. El peligro es el mismo. Cuando eres adicto no controlas y haces lo que seas por consumir”.

 

La sustitución para los adictos es habitual, reconoce Julio. Otros optan por “el gimnasio, por el trabajo, cada uno de su manera. En el juego es habitual que la gente caiga porque no hay bar sin tragaperras”. Él intenta esquivar como puede la tentación del juego, y evita aquellos locales que lo incentivan. Para él, como para cualquier persona adicta, es complicado porque “el adicto siempre busca la primera sensación, las mismas emociones”.

 

“Cuando trabajaba en las salas he visto gente sin comer y sin cenar ocho horas seguidas de juego y a base de café. Dar golpes a la pared o en el baño, de pura desesperación y de arrepentimiento. O cuando cobraban el sueldo del mes y perderlo todo en 24 horas en apuestas. Yo dejé este trabajo porque me supuso muchas noches de insomnio. Llegas a hacer amistad con gente buena que está enganchada”, refleja Marta.

 

Objetivo: barrios azotados por el desempleo y la precariedad

 

Vayas donde vayas, siempre hay otra base común: la elección de las zonas donde están los locales de apuestas. “No tenemos cifras exactas de las casas de apuestas presenciales porque en sus datos, el Ayuntamiento de Madrid, agrega a la administración de lotería. Pero sí hemos visto el crecimiento de estos locales en nuestros barrios. Los distritos que más se quejan son Tetuán, Latina, Usera y Puente de Vallecas. En los últimos cinco años los locales han crecido un 300% en la región”, alerta Silvia González, responsable del Grupo de Trabajo sobre Casas de Juego y Apuestas de la FRAVM.

 

Arroyo, de Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, apunta que parte de las casas de apuestas están “frente a colegios. Hay calles de 80 metros donde ves cuatro salas. Es dinero fácil para grandes empresas que sirve para empobrecer a los pobres”.

 

Julio, en su lucha diaria, es consciente de ello y le da rabia que “no se está diciendo la verdad. Es un pozo donde se ahogan las frustraciones. Hay mucha frustración, desempleo, paro, empleo precario y este se cree que es un dinero fácil y no se dice la verdad”.

 

El caso de Madrid es el más paradigmático. “Son los barrios más vulnerables, en zonas con mayor paro y exclusión social. Los jóvenes buscan una forma rápida de consumir dinero. En zonas como Ciudad Lineal, Bravo Murillo o Tetuán, la renta no es elevada. En cambio, los tres distritos donde menos han crecido o han disminuido estos locales son el barrio de Salamanca, Chamberí y Centro”, apunta González. Desde esta lucha vecinal, han recibido una carta de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, donde les indica que no tienen competencias sobre el juego presencial, y remiten esta situación de descontrol a la Comunidad de Madrid.

 

Idéntica situación refleja Pablo Fernández, portavoz de Podemos en Castilla y León, quien apunta a las responsabilidades políticas: “Aquí proliferan las casas de juegos y de apuestas porque el gobierno del Partido Popular ha aprobado cinco decretos de forma unilateral, sin pasar por el parlamento autonómico, para facilitar la apertura de casas. Hemos presentado iniciativas para retirar esos decretos que afectan, sobre todo, a zonas deprimidas, causando un problema de salud pública. Hay que poner barreras al juego e invertir hacia sectores más productivos”, demanda.

 

“Tres de las comunidades que han visto una mayor proliferación de casas de apuestas son Madrid, Extremadura y Asturies. Esta es la Comunidad Autónoma en la que más se gasta por persona en apuestas. El auge afecta siempre a los barrios humildes, de clase trabajadora”, comenta también la diputada de Podemos por Asturies, Sofía Castañón. Hace dos semanas presentaron una moción en el pleno del Congreso para pedir un Decreto Ley “que no se quede como borrador en un cajón, que sirva para regular y para que las administraciones autonómicas y locales puedan actuar también ante esta adicción que está arruinando familias y destrozando vidas, cada vez más, las de las personas más jóvenes”.

 

Pasear por el resto de España ofrece idéntico resultado. Aumento de casas de apuestas deportivas en Sevilla, tras cambios normativos favorables; lo mismo en Murcia, con la mayor tasa de locales de este tipo en España; o Extremadura, donde ya se han tenido que exigir limitaciones.

 

Estrategias de marketing para picar en el anzuelo

 

Para atraer público no solo vale el aliciente del juego y del dinero, que por su propia dinámica impulsa una espiral de emociones que no llevan a ninguna parte. Tienen que aplicar una serie de alicientes. Por ejemplo, “el consumo de bebidas alcohólicas en sus locales. Las ofrecen gratuitamente para atraer público, y esto supone otro un problema añadido al del juego en sí”, apunta Arroyo. Marta recuerda que cuando trabajaba en esas salas, en ocasiones, se hacía la vista gorda con la entrada de menores o se saltaba la prohibición de no dar dinero a los ludópatas.

 

Otra estrategia es la de regalar apuestas. “El pagas 10 y te regalamos 20 hará que en el futuro existan ludópatas sin control y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una publicidad engañosa, donde te dicen que puedes ganar y ganar y, al final, pierdes. Conozco gente que ha pedido créditos. Igual que con la droga, la gente se va enganchando. Cuando yo jugaba me daba lo mismo ganar porque buscas el subidón de adrenalina”, confiesa Julio.

 

Pero si algo se lleva la palma son los juegos online y sus estrategias de marketing. Ya en 2017, el Consejo Audiovisual de Cataluña informaba de la necesidad de regular todos los impactos publicitarios que se valen de ganchos como deportistas reconocidos o ídolos juveniles que promocionan estos contenidos o adecuar los horarios de la emisión de estos anuncios. Si algo caracteriza a esta publicidad es la agresividad de sus mensajes y los nombres propios, sobre todo futbolistas. “Las estrategias de marketing están dirigidas a los más jóvenes que eligen como protagonistas a sus ídolos, lo que contribuye a la normalización de la conducta y al deseo de querer ser como ellos”, concluye Irene Montiel, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De hecho, un estudio de Sportium señalaba en 2017 que el 75% de los equipos de la liga estaban patrocinados por una casa de apuestas. El resultado, más aumento de adicciones.

 

Aquí hay dos peculiaridades. Una, que no se ve, es que es la adicción donde más aumentan las mujeres porque “la parte online facilita el anonimato y eso hace que las mujeres se animen más, porque ellas reciben más sanción social por jugar”, explica Gemma Altell, directora técnica de la Fundació SURT. Aquí también interviene el marketing porque el juego siempre ha sido terreno de hombres y se refuerzan estereotipos. “Es un espacio masculinizado donde las mujeres se sienten prestigiadas si logran entrar en él, pero son censuradas si entran en la adicción. También se atribuyen conductas muy erotizadas a la mujer como fuente de los males del hombre, que usa sus armas femeninas para despistar a los hombres en el juego. Todo ese tipo de estrategias que dañan la imagen de la mujer”, denuncia Altell.

 

Y la segunda peculiaridad es que “hay más menores enganchados al juego online de azar que nunca, y si no hacemos nada para evitarlo, irá a más”, advierte Montiel, de la UOC. Entre las razones que llevan a ello está no sólo la elevada oferta. También la creciente accesibilidad a las plataformas de juego, la disponibilidad de dispositivos móviles, la publicidad y la ausencia de control eficaz. “La falta de una regulación estricta sobre la publicidad de estos juegos y de políticas que primen la salud mental de los menores sobre las ganancias de estas empresas, promueven el juego problemático”, subraya la profesora.

 

Si no se reacciona de forma urgente, a día de hoy, se están creando los ludópatas del futuro.

 

www.publico.es/sociedad/ludopatia-casas-apuestas-juego-on...

 

___

 

La batalla en los barrios contra las casas de apuestas

  

El mercado del juego en los deportes viene aumentando desde 2012 a un ritmo anual del 20%.

 

En cada esquina de cada calle de cada barrio. Las casas de apuestas han usurpado cada espacio de nuestra cotidianidad hasta el punto de juntarse unas con otras en una misma acera. Clave para su auge y aceptación social fue la ley del juego que en 2011 aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ha sido 2018 el año en el que las casas de apuestas han acabado por asentarse entre panaderías y pequeños comercios. La publicidad, altamente invasiva a través de televisión, radio, Internet o la marquesina de una parada cualquiera de autobús, es una parte fundamental para entender su éxito.

 

Codere, con 5.310 puntos de apuestas; Sportium, con más de 2.500; y Luckia, superando los 2.400, son los tres operadores que dominan el negocio del juego en España. Pero no son los únicos: 888, Betfair, Bwin, Bet365 o William Hill son también parte de una lista que no para de crecer. Según el Anuario del juego –realizado por el operador líder Codere junto al Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III–, el mercado de las apuestas deportivas está creciendo desde 2012 a un ritmo anual del 20%.

 

Bares, bingos, casinos o salones de juegos, cualquiera de estos espacios tiene permitido establecer zonas para apostar. En 2017 se jugaron de manera presencial 330 millones de euros y 305 millones online. Esta situación ha generado, sobre todo entre personas de clase trabajadora, una alarma social que recuerda a aquellos años 80 en los que la heroína fue responsable directa de destrozar tantos hogares. En Madrid, una de las zonas más afectadas por la proliferación de estos negocios, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha creado el Grupo de Trabajo sobre Casas de Juego y Apuestas. Formado por vecinos, vecinas y profesionales de la psicología y del derecho, recorren los barrios impartiendo charlas para concienciar al mayor número de personas del peligro que entrañan estas actividades, así como para compartir las inquietudes de una sociedad que desconoce cómo afrontar la situación.

 

Bayta Díaz, psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL), es integrante de la FRAVM. Durante los cursos, talleres y jornadas de divulgación intenta informar sobre los riesgos de apostar y dotar de herramientas a las personas asistentes para prevenir indicios de ludopatía. Díaz incide en esta idea: «No queremos prohibir el juego, simplemente concienciar de que es una conducta potencialmente adictiva, ya que el hecho de que esté en todos lados lo normaliza y hace parecer que no pasa nada”.

 

Hasta el momento, este equipo ha mantenido reuniones con cuatro áreas del Ayuntamiento de Madrid –Coordinación Territorial, Seguridad y Emergencia, Urbanismo, y Economía y Hacienda– con el objetivo de hacer realidad una serie de medidas que ayuden a frenar la tendencia actual. Entre las principales propuestas está la creación de una nueva ley sobre el juego, la declaración de zonas de especial protección de población vulnerable, la limitación de la publicidad y el aumento del control de acceso a los locales y portales webs de apuestas.

 

Hasta que se unieron apuestas y deporte, el ejercicio físico era uno de los «factores de protección» que se usaba para rehabilitar a personas con problemas de ludopatía, explica Díaz. Pero “ahora mismo es contraproducente”, añade esta psicóloga. De los 20 equipos que conforman la Liga Santander (Primera División española de fútbol masculino), la Real Sociedad es el único club que no está patrocinado por una casa de apuestas. Así lo decidieron sus socios a finales de 2018 en un referéndum no vinculante. Además de estos patrocinios, hay que sumar a la promoción de estas empresas las horas que dedican múltiples espacios deportivos a fomentar que los espectadores o lectores apuesten.

 

En estos encuentros vecinales cuentan también con juristas como Antonio Segura, abogado de Actívat, quien cree importante “no normalizar” la ludopatía. Segura destaca que las charlas están funcionando porque “la gente se conciencia y se vuelve activista. Es lo mínimo que se puede hacer”.

 

Otras organizaciones como ITACARed ofrecen cursos online divulgativos gratuitos. Rafael García, responsable de comunicación de la sociedad, señala: «Con esto lo que pretendemos es asentar las bases para saber de qué hablamos cuando hablamos de adicción”. García apunta a que muchas personas, sean o no profesionales, “hablan sin conocimiento de causa”. Además, hace hincapié en la juventud, “el colectivo en el que se pueden fraguar más adictivos” de los que “aprovecharse de ellos más tiempo”. Los gobiernos, según este representante de ITACARed, favorecen que la sociedad no perciba las casas de apuestas y salones de juegos como un problema. “No es ocio, es negocio. El ludópata es un enfermo muy rentable para el Estado ya que no tiene costes para el Estado. Al contrario: da dinero”, sentencia.

 

Movilización en las calles

 

En torno a la celebración del Día sin juegos de azar que se celebra el 29 de octubre, varias asociaciones del barrio madrileño de Tetúan –que cuenta con más de 60 locales de juegos y apuestas– salieron a la calle para denunciar la indefensión frente a estos espacios. Días después, Juventud Comunista decidió empapelar con carteles las casas de apuestas en varias comunidades autónomas para poner sobre aviso al vecindario. Xavier García, secretario general de la organización, ve fundamental que en cada localidad los colectivos aborden el tema y organicen un debate público, pues “este tipo de negocios no debería tener cabida” al basarse “en saquear a la ya depauperada juventud trabajadora”. García ve indispensable, más allá de la necesaria movilización ciudadana, que se legisle para evitar que los negocios de apuestas aumenten. Coinciden en ese punto Antonio Rodríguez, portavoz municipal de IU en Montijo (Extremadura), y Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Valladolid. Ambos creen que, al igual que sucede con farmacias, estancos y administraciones de lotería, las casas de apuestas deben someterse a una regulación más estricta.

 

El País Valenciano aprobó el pasado noviembre la prohibición a los nuevos salones de juego de estar a menos de 700 metros entre sí para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, esta medida ha sido recurrida y ha acabado vía contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, que tendrá que decidir qué pueden y qué no pueden limitar los parlamentos autonómicos.

 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que obligará a las casas de apuestas a poner una garita en la entrada de los locales para que no entren menores. En Extremadura, se aprobó en octubre de 2018 por unanimidad limtar el número de casas de apuestas. Poco después, el grupo de Podemos, que había hecho la propuesta, denunció que la normativa que regula el juego en esta región no se está cumpliendo.

 

El mayor logro hasta la fecha todavía sigue sin producirse. En noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez pactó con Unidos Podemos, como parte de los Presupuestos Generales del Estado, aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuestas online. Legislar, movilizar y concienciar. Sobre estos tres ejes trabajan quienes advierten del peligro de que las casas de apuestas formen parte del mobiliario de sus ciudades.

 

EDUARDO ROBAINA

 

apuntesdeclase.lamarea.com/reportajes/la-batalla-en-los-b...

 

___

  

Toda España es una timba

 

Dos multinacionales del juego con vinculaciones con la derecha política infectan los barrios pobres con casas de apuestas

 

El sector mueve 13.000 millones de euros al año y deja un 10% de beneficio a los operadores

 

Un lobby ataca al Defensor del Pueblo por pedir que se prohíba la publicidad del juego

 

El subsector de las apuestas y el juego mueve en el Reino de España más de 13.000 millones de euros, con unos beneficios netos del 10% y una inversión publicitaria superior a 100 millones de euros al año. Son datos todo lo ciertos y creíbles que puedan ser las cifras de la patronal. Pero moverá todavía más dinero con las ventajas fiscales a las sociedades (“operadores” les llaman) que fijen sus domicilios fiscales en Ceuta y Melilla y la expansión desbocada de las casas de juego y apuestas, las timbas modernas, por la geografía urbana, de la mano de determinadas franquicias de multinacionales y fondos de inversión.

 

Si vamos de lo virtual (nada virtuoso) a lo material, enseguida vemos cómo la expansión acelerada de las casas de juego y apuestas se ceba en los distritos con menor renta, los barrios más pobres, más necesitados de esperanza. Contra esa infección a la puerta de casa de poco valen, de momento, las incipientes protestas de asociaciones de vecinos, madres y padres de alumnos y grupos de ludópatas rehabilitados. Ni siquiera salen en la prensa. Los operadores juran que en sus casas de apuestas al pie de colegios, institutos y otros centros educativos no entran los menores de 18 años. La mayoría de sus clientes, añaden, tienen entre 18 y 40 años. Apelan además al “juego responsable” y alardean de la llamada “responsabilidad corporativa”. Lógico.

 

Por si fuera poco, el sector cuenta con todas las bendiciones legales y normas que amparan el juego como una actividad económica. ¿Cómo no lo van a amparar (y fomentar) si tras la ‘ley Montoro’ el Estado (y las Comunidades Autónomas) se ha reforzado como principal beneficiario de los juegos de azar, con un impuesto del 20% sobre el importe de los premios? Esto representa unos ingresos de 2.600 millones de euros anuales para las arcas públicas. A ello se añaden los beneficios como primer empresario y promotor a través de Loterías y Apuestas del Estado, el ente público que, además, acierta siempre y, sin arriesgar un euro, se queda con los ingresos de los sorteos que no generan bote cuando los números premiados no se han vendido. Es parte del juego. Lógico.

 

Cuando, hace poco más de un siglo, los gobiernos implantaron las loterías, el periodista Rafael Barret, refirió la novedad de este modo: “En Argentina, Uruguay y España llueven los millones. El Estado falla, traficando con la corrupción pública. ¿Por qué no monopoliza también el alquiler y venta de mujeres? La prostitución daría grandes entradas al Erario, y afianzaría el Poder Administrativo. El gobierno es tanto más sólido cuanto más débiles y viciosos son los ciudadanos”.

 

Barret era anarquista. Sus críticas aceradas le reportaron disgustos y destierros. Este segundo Larra tan vigente, nacido en Torrelavega (Cantabria), muerto en Francia a los 34 años y reivindicado en Paraguay, matizaba su invectiva: “No seamos injustos con el vicio, que suele llevar consigo gérmenes de poesía. La degradación no está reñida con el ensueño. Baudelaire sabe que el mal tiene sus flores, y no las menos bellas. En el azar que enriquece o despoja hay una elegante anarquía, un desafío satánico a las leyes económicas. Firmar el contrato de la propia ruina es original; adquirir de pronto una fortuna, sin trabajo y sin mérito, y sin la amenaza del gendarme, es maravilloso, lírico y libertador. Agradezcamos a los Ministerios de Hacienda, Casas de Hadas, esa consagración oficial del juego, esa distribución de un poco de ideal barato a la ingenua multitud”.

 

¿Por que si ya la nube virtual del juego online envuelve las testas del personal, florecen como setas (venenosas) las casas de apuestas? Se trata de un plan a largo plazo, un modelo llamado a captar los clientes de los bares, según afirman los entendidos consultados por el cronista. La facilidad del acceso al juego para todos los públicos, incluidos los analfabetos e inmigrantes digitales se relaciona con la psique y el corazón, con el deseo, la esperanza, la corazonada, las ganas de salir de pobre… y es más fuerte que los lemas y mensajes disuasorios. Pero también con la crisis y el desempleo. Las multinacionales del juego, entre las que figuran las españolas Sportium y Codere, tienen ahora la vista puesta en Andalucía para sus planes de expansión.

 

En los distritos de menor renta de Madrid, desde Vallecas a Usera, siguiendo por Aluche, Carabanchel, Cuatro Caminos, Chamartín, el barrio del Pilar, Peña Grande y Ciudad Lineal han abierto un centenar de salas de juegos y apuestas en las calles principales, más comerciales y transitadas. En la avenida de la Albufera, Peña Prieta y las calles adyacentes se cuentan once casas de juego. En Usera, San Cristobal, Villaverde Alto y bajo han abierto doce. El ritmo de apertura de estos establecimientos, amenos casinos acondicionados para perder la noción del tiempo y apostar a los resultados de las más diversas competiciones deportivas o jugar a las caprichosas ruletas y tragaperras con una bebida gratis o bajo precio en la mano, resulta imparable.

  

Del cierre a la franquicia

 

Decenas de propietarios de tiendas y comercios que se fueron a la mierda con la crisis y el ataque de las grandes superficies y las ventas online ven en ahora en las franquicias del juego una oportunidad de reabrir la persiana. Las sociedades Sportium y Codere son las más agresivas. Promueven un modelo de inversión compartida según el cual, el franquiciado pone el local reformado con unas características muy definidas, realiza la instalación de seguridad y paga los permisos de apertura, y la franquicia aporta las tripas: terminales de apuestas, teleprogramación visual (TPV), servidores, pantallas, monitores, cableados, software del sistema de apuestas, más las licencias y los avales. El personal laboral corre a cargo del franquiciado. Y la supervisión, el servicio, el call center le dicen, y la formación, del franquiciante. El beneficio neto se reparte al cincuenta por ciento.

 

El modelo puede variar según las condiciones de las distintas franquicias. Además de las dos entidades citadas, operan otros conglomerados de casinos y tragaperras. De este modo, donde antes había una librería –caso de La Cigueña, en Rivas-Vaciamadrid– ahora hay una timba. No importa si está pegada al centro social y sede de IU y el PCE, si dista treinta pasos del colegio público El Olivar, veinte de una escuela infantil y cincuenta de otro salón de juegos en el centro comercial del barrio de Covibar (Cooperativa de Viviendas Baratas) de esta ciudad gobernada por la izquierda desde su creación en los años ochenta del siglo pasado.

 

En esta localidad han abierto cinco casas de apuestas en cinco meses. A las dos citadas, Codere ha añadido otra en la avenida de Pablo Iglesias, junto a la biblioteca Gloria Fuertes, y otra más en el mayor local del centro comercial Santa Mónica, a cincuenta metros de un colegio, veinte del centro de salud y doscientos de un instituto. A ellas se añade otro salón en la avenida de Levante, en una barriada de viviendas municipales de bajo alquiler. La comunidad escolar está alarmada. Lógico. Temen que los jóvenes caigan en las redes de la ludopatía. Yolanda Gonzalo, profesora de química del instituto Duque de Rivas alerta sobre la carnaza: “Les ofrecen refrescos, infusiones y bollos por un euro, y los chavales pican, entran en el juego a media mañana, pierden clases y, lo que es peor, no ven el peligro de quedar enganchados”.

 

¿Quienes son?

 

Detrás de la multinacional española Codere (opera en España, Italia, Argentina, Uruguay, Panamá y México) figuran antiguos dirigentes de entidades financieras especulativas, fondos de inversión y administradores de capitales. Su presidente no ejecutivo, Norman Sorensen Valdez, es consejero en Insperity INC y Encore Capital Group. Y desempeñó puestos clave en Principal Internacional y Citigrup. Junto a los empresarios del juego José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, este operador, que dispone de una Fundación a efectos fiscales para financiar estudios y actividades de alto interés (para ellos), cuenta con el exministro de José María Aznar (PP) Pio Cabanillas Alonso entre sus seis consejeros. Cabanillas, hijo del que fuera ministro de Franco y diputado de la Alianza Popular de Fraga, estuvo al frente de la tecnológica Indra, privatizada por Aznar, y representa en Codere los intereses de Masampe, una asesoría financiera con los Sampedro. Los demás consejeros (Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, David Reganato, Timothy Lavelle y Matthew Turner) proceden del sector financiero.

 

En el caso de Sportium, nacida en 2007 de la fusión de CIRSA y Ladbrokes Coral Group para operar las apuestas deportivas presenciales en España, y presidida hasta el año pasado por Manuel Lao Hernández, el emperador de las tragaperras y significado derechista de la órbita del PP, no se puede hablar ya de una multinacional española después de que Lao vendiera en unos 2.000 millones de euros su participación en la operadora al fondo Blackstone. Lionel Assant, director para Europa de este fondo seleccionado por Mubdala Investment, sociedad instrumental del emirato de Abu Dabi dueña de Cepsa para entrar en la petrolera española, se mostró “encantado” de la inversión en el juego, es decir, de apoderarse de Sportium, un grupo que ha logrado un crecimiento rentable y sobresaliente durante los últimos 12 años, convirtiendo CIRSA en un operador internacional líder en juego y ocio. “Estamos entusiasmados de apoyar a Joaquim y su estrategia en esta nueva etapa, así como con la expansión de Cirsa tanto a nivel orgánico como a través de adquisiciones y en nuevas zonas geográficas”, dijo ese tipo. Al frente del consorcio mantienen al consejero delegado de Lao, Joaquim Agut.

 

Más allá de las operaciones de los fondos buitre en busca de beneficios grandes y rápidos, la vinculación política de otra operadora española en expansión, como es el grupo Orenes, quedó de relieve cuando el diputado del PP, presidente y portavoz de la Comisión de Infraestructuras y Transporte, Andrés Ayala pasó del escaño al consejo de administración de esta sociedad de apuestas, casinos y máquinas tragaperras con ventajosas concesiones en varios aeropuertos. Hasta 2015, el puesto en el consejo de Orenes lo había ocupado su mujer. Ayala fue nombrado responsable del comité de ética, encargado de combatir la corrupción en el PP, y consejero de Adif al mismo tiempo, tras cesar en sus servicios como diputado.

 

Aullidos de lobby

 

La preocupación del subsector, tanto en lo atinente a las casas de apuestas como a la nube de operadores del juego online, se centra ahora en el decreto que promulgará el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la agresividad publicitaria de esas entidades tan difusas y confusas como voraces y poderosas. Con nombres de entelequia como Bet365, las mencionadas Codere y Sportium, la británica Willian Hill y las también famosas Bwin o Wanabet, entre otras, vinculan su actividad a grandes deportistas, admirados por sus cualidades deportivas, no por apostar a la ruleta de la suerte precisamente.

 

La mayor parte de esos operadores no pagan impuesto de sociedades en España. Tienen sus domicilios sociales en Gibraltar, Luxemburgo y Malta, territorios de baja fiscalidad. Según datos del Ministerio de Hacienda, las empresas del juego reportaron al erario público la ridícula suma (en relación con los beneficios) de 50 millones de euros en 2017. No obstante, para salvar el obstáculo del Brexit, Hacienda ha ofrecido unas bonificaciones fiscales del 50% del impuesto a las que quieran abandonar Gibraltar y fijar su sede en Ceuta y Melilla.

 

Ante las nuevas exigencias, todavía desconocidas en materia publicitaria para prevenir la ludopatía, ya ha aparecido el primer lobby (con piel de cordero) de rechazo a la regulación. Así, frente a la reciente recomendación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, de que se prohíba la publicidad del juego y las apuestas (salvo las tradicionales de la Once y las loterías del Estado) o, en su caso, aumenten las franjas horarias exentas de esos anuncios y “no se pueda utilizar como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública”, ha saltado a la palestra Heliodoro Giner como portavoz de una plataforma de operadores de apuestas online. “Las declaraciones del Defensor del Pueblo –dice– se podrían calificar como mínimo de injustas, posiblemente ilegales y además denotan un desconocimiento importante del sector”.

 

Sostiene el Defensor que “la adicción al juego debe considerarse como un asunto de salud pública que requiere un marco regulatorio con normas jurídicas imperativas, ya que un modelo de autorregulación no sería eficaz en esta actividad económica”. Y le responde el mencionado Giner que no tiene ni idea y que el estudio de 2017 revela que la ludopatía y el juego compulsivo no ha aumentado respecto al informe anterior, de 2015. Eso sin contar que “las empresas velan por la moderación”.

 

El citado portavoz, un tipo competente, como demuestra su antiguo cargo de secretario general de la Asociación Española de Casinos durante 15 años, dice hablar en nombre de las operadoras Betfair, Botemanía, Bet365, Bwin y William Hill. El Defensor del Pueblo, como habla en nombre de lo que su título indica. Lo que hay detrás de esas sociedades se desconoce. La oscuridad es el elemento de sus fuegos de artificio. Lo que hay detrás de las quejas que el Defensor traslada al Gobierno y al Parlamento son personas, asociaciones y grupos de individuos con nombres y apellidos.

 

Por Luis Díez

 

CUARTO PODER

 

www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2019/06/03/toda-espa...

 

28/10/2009 Madrid, arranca la movilización vecinal contra la tasa de basura de Gallardón. Más de 3.000 personas manifestándose convocadas por una veintena de asociaciones de vecinos y organizaciones sociales en contra de la nueva tasa de basura aprobada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

Foto: Francisco J. Rubio.

 

Sat on the SaxonAir ramp @ NWI in some overcast conditions....

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

 

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

 

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de

Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…

 

Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.

 

Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:

 

Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería

 

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

 

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

 

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

 

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

 

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e

internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)

 

Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno

de la Unión Europea en el Estado español.

 

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

 

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la

finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

 

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico

reconocido por la propia Constitución Española.

 

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

 

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas

dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.

 

Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que

éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

 

El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

 

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.

 

En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

 

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive

por sobreseimiento provisional.

 

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

 

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

 

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

 

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

 

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

 

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

 

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

 

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migr