Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela
El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las
ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto y su
padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, ocurridas el 6 de enero de 2003 presuntamente por parte
de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua en
Venezuela (CSOPEA). Ante dos versiones de los hechos radicalmente diferentes, y pasados más
de 14 años sin que exista un esclarecimiento judicial definitivo al respecto, la Comisión
determinó que el Estado no habría cumplido con la carga de ofrecer una explicación satisfactoria
sobre el uso letal de la fuerza. La Comisión identificó similitudes con el contexto y modus
operandi de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, conocido por el sistema interamericano en
otros casos. La Comisión también determinó que el Estado habría violado las garantías y
protección judicial en el marco de la investigación y proceso penal. A su vez, la Comisión
determinó la afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares por el dolor y
sufrimiento inherente a las circunstancias en las cuales perdieron la vida las tres víctimas, así
como la falta de una respuesta frente a las acciones de justicia que han emprendido, en
particular en un contexto en el cual se registraron también denuncias de amenazas y
hostigamiento en su contra por el impulso que han dado al proceso.
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