“Procurador es quien con facultad recibida de otro, actúa en su nombre”
la Procuraduría General del Estado, actúa en nombre de la Patria

Bajo este lineamiento jurídico, el 2 de agosto de 1928, el Presidente Interino Dr. Isidro Ayora, con Decreto Supremo No. 188, publicado en el Registro Oficial 706, crea el cargo de Procurador General de la Nación, encargando el desempeñado de tal función al Dr. Manuel Cabeza de Vaca.

La principal función asignada fue el Patrocinio del Estado, siendo obligación del Procurador, comparecer por iniciativa propia o resolución del Poder Ejecutivo, en los juicios que interesaban a la hacienda pública, en resumen se le encomendó defender los casos de intereses del Estado en defensa del patrimonio nacional, asumió las funciones de Defensor del Fisco, cargo que fue suprimido.

En el literal j) del artículo 3 del antes referido Decreto, se dispone que a pedido de los Ministros de Estado el Procurador emitirá dictamen sobre la inteligencia o aplicación de una ley en cualquier asunto relacionado con el interés público. Con la norma en mención, se le confiere la función de asesor del Estado.

Fue un funcionario de primer orden, pero dependiente directo del Presidente de la República pues el cargo se lo catalogó como de libre nombramiento y remoción.

En la evolución jurídica de las instituciones, y con el fin de robustecer la figura del Procurador, así como para entregarle funciones independientes del ejecutivo, que le permitan tener libertad de acción y opinión, dejando de ser dependiente total, con Decreto Supremo 547, promulgado en el Registro Oficial 52 de 2 de agosto de 1944, se otorga autonomía a la Procuraduría General de la Nación, pero jerárquicamente, se le adscribe a la Presidencia de la República, lo que le convierte en autonomía restringida.

A más de las funciones de representante judicial y asesor del Estado, con los artículos 5 y 6 del Decreto en mención, se le asigna dos nuevas funciones que son : emitir informes sobre los contratos cuya cuantía sea mayor de cien mil sucres y se impongan obligaciones a la Nación o al Fisco, igualmente se dispuso emitir informe respecto de los contratos de importancia a juicio del Congreso o Ministerio respectivo; y, la segunda función fue la de realizar las labores necesarias para la codificación de las leyes ecuatorianas, debiendo revisar dicho trabajo la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta 1945, había permanecido nuestra institución, como fruto de Decretos Supremos; es en el texto de la Carta Política del citado año, que la Procuraduría adquiere el carácter de organismo constitucional, pero sin autonomía y bajo la dirección del Presidente de la República. Se involucionó en el proceso jurídico.

Con la Constitución Política de la República del Ecuador aprobada en el Referéndum del 15 de enero de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 800 de 27 de marzo de 1979, se reforma totalmente la estructura anterior; así, en el Art. 59 literal j) se dispone que el Procurador General, será nombrado por la Cámara Nacional de Representantes en base a una terna enviada por el Presidente de la República; en la sección II del referido cuerpo constitucional, se establece que la Procuraduría es un organismo autónomo con personalidad jurídica, siendo el Procurador su primera autoridad, quien a su vez es el único representante judicial del Estado.

Para ser Procurador se requería reunir los mismos requisitos que los requeridos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y, sus funciones son por el período de cinco años.

En la Codificación de la Constitución Política de la República del Ecuador, puesta en vigencia con Registro Oficial No. 2 de 13 de febrero de 1997, se da un paso adelante en el desarrollo institucional, se afirma su autonomía, se determinan sus funciones, prescribiéndose en el Art. 140 que corresponde al Procurador el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y las demás funciones que determine la Ley.

Desde su creación en 1928, de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Fiscal, formaron parte del mismo organismo público; hasta que por mandato de la Carta Política de 1997, se separa el Ministerio Público, de la Procuraduría, formando dos organismos independientes y consecuentemente con funciones específicas para cada uno y para organizar su funcionamiento se dictan dos cuerpos legales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y La Ley Orgánica del Ministerio Público.

De la misma forma que en la anterior Carta Política se dispone que el Procurador será nombrado por el Congreso Nacional, de una terna enviada por el Presidente de la República, se opera únicamente un cambio, su período se reduce a cuatro años.

Por último, la Asamblea Nacional Constituyente, expide la Constitución Política del Ecuador, la misma que con Decreto Ejecutivo No. 1, publicado en el Registro Oficial No. 1 de 11 de Agosto de 1998, se la pone en vigencia, en ella se ratifica la autonomía, se establece que el Procurador es el Representante Judicial del Estado; y, sus funciones son la de asumir el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y las demás funciones que determine la Ley.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado da la estructura administrativa de la institución, así como las facultades y deberes del Procurador, en ella se dispone que “La Procuraduría General del Estado es un organismo público autónomo, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, dirigido y representado legalmente por el Procurador General del Estado. Tendrá su sede en la Capital de la República y, podrá establecer delegaciones distritales provinciales, de acuerdo a sus necesidades administrativas.”

Se determina taxativamente que el Procurador es el Representante Judicial del Estado, y que le corresponde ejercer el patrocinio del Estado, dentro de los límites territoriales como fuera de ellos, asesorar al Estado sobre la inteligencia y aplicación de la Constitución, la Ley y más normas legales o reglamentarias, emitir informes sobre contratos y supervisar el irrestricto cumplimiento de la Ley en los actos y contratos que atañen a la cosa pública.

Dentro de esta nueva concepción constitucional y legal, la Procuraduría General del Estado, es un Organismo de Control, que junto a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y las Superintendencias de Bancos, de compañías y de Telecomunicaciones, tiene que velar por la buena marcha y correcto desenvolvimiento jurídico del Estado.

Tenemos un reto con futuro, para ello hemos dado pasos firmes para enfrentar un cambio en la estructura del Estado, diariamente nos capacitamos para estar a la altura del gran concierto de naciones, en el cual es indispensable la seguridad jurídica para generar estabilidad de los gobiernos y confianza en sus instituciones públicas.

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